Pedido de informe por traslado de documentación municipal en Puerto Iguazú
El pedido de informe busca precisar si hubo traslados de documentación municipal a viviendas particulares y en qué condiciones se habrían realizado, con el respaldo legal correspondiente.

El pasado viernes fueron captados supuestos empleados municipales trasladando cajas con documentación a un domicilio ubicado en el barrio Almirante Brown, de Puerto Iguazú. A raíz de estos hechos, se elevó un pedido de informe ante el Honorable Concejo Deliberante, que ingresó por mesa de entrada bajo el número de expediente 116/2026.
El proyecto de comunicación se refiere al posible traslado, extracción y resguardo de documentación oficial perteneciente a la Municipalidad de Puerto Iguazú en domicilios particulares. Según explica el edil Alejandro Verón, autor de la iniciativa, el pedido se basa en hechos de público y reiterado conocimiento. El edil sostiene que la documentación oficial es patrimonio del Estado Municipal y que la guarda, custodia y conservación de expedientes, registros y archivos públicos debe realizarse dentro de las dependencias oficiales, garantizando su integridad y disponibilidad. En su planteo, cualquier extracción o traslado constituye una irregularidad grave que vulnera los principios de transparencia, publicidad de los actos de gobierno y seguridad jurídica.
El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, y por su intermedio a la Secretaría de Hacienda Municipal, a cargo del Cdor. Rubén Jost, y a la Dirección de Asesoría Legal y Técnica, a cargo del Dr. Harry Foos, que remitan al cuerpo deliberativo un informe escrito y pormenorizado sobre el posible traslado de documentación oficial a viviendas particulares.
En ese informe, los funcionarios deberán confirmar o negar si se procedió al traslado, extracción o resguardo de documentación administrativa, contable, financiera o legal del Municipio hacia domicilios particulares. En caso afirmativo, deberán detallar el tipo y volumen de la documentación trasladada, las fechas en que se produjo el movimiento y las direcciones físicas de los domicilios donde fue alojada.
Asimismo, el proyecto exige la copia certificada del instrumento legal que fundamentó, habilitó y justificó dicho accionar, ya sea una Resolución, una Disposición o un Decreto, y o la autorización expresa correspondiente, indicando la autoridad competente que lo autorizó, entre otros puntos.
Según el texto del proyecto, una vez aprobada la comunicación, el municipio dispondrá de un plazo máximo de 10 (diez) días hábiles para elevar el informe requerido.
Fuente: Actualizate Iguazú
Fuente: Actualizate Iguazú


